Hablar de la infancia en América Latina es hablar de una crisis que hemos normalizado, una crisis tan profunda que ya no nos sorprende, pero que sigue afectando los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la región.

La doctora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, Corina Giacomello, lo señala con claridad en entrevista: la región atraviesa una grave crisis de cuidado, un problema que, aunque evidente y urgente, sigue sin ser prioridad en la agenda pública. “Pobreza infantil, trabajo infantil, explotación, embarazos adolescentes, falta de acceso a salud y educación”, enumera Giacomello, como una lista de tareas pendientes que nadie parece abordar con la urgencia que requieren.

América Latina vive una profunda crisis de cuidado, afectada por la desigualdad y con altas tasas de pobreza que impactan especialmente a los niños, empujándolos al trabajo desde edades tempranas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la niñez es uno de los sectores más golpeados por la pobreza, y el trabajo infantil sigue siendo, para muchas familias, una triste estrategia de supervivencia.

Giacomello destaca que esta problemática se agrava por las deficiencias en los sistemas educativos y de salud, así como por fenómenos como la explotación sexual y la trata. Es crucial entender que estos problemas no son aislados, sino que forman parte de una crisis más grande que necesita una solución integral y de largo alcance.

El trabajo infantil, especialmente en zonas rurales, es una realidad en América Latina y en lugares como Chiapas. Según datos de 2018, UNICEF estimaba que 151.6 millones de niños eran víctimas de trabajo infantil a nivel mundial, y casi la mitad de ellos estaban sometidos a las peores formas de explotación. En México, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2022 reveló que el 13.1% de los menores entre 6 y 17 años se encuentran en esta situación, con Chiapas ocupando el segundo lugar a nivel nacional. Estas cifras no solo son alarmantes, sino que también reflejan la urgente necesidad de acciones concretas.

En este contexto Giacomello señala que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel clave en la defensa de los derechos de los niños, brindando servicios que el Estado no ofrece. La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) también tiene un rol fundamental al visibilizar estos problemas a través de investigaciones, eventos y programas de capacitación.

Como institución académica de referencia en el estado, la UNACH tiene el compromiso de generar debates y ofrecer soluciones basadas en el conocimiento y la autonomía. Un claro ejemplo de este compromiso es el diplomado organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, enfocado en la prevención, atención y combate del trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. En este curso gratuito, impartido por expertos de alto nivel, más de 2,000 personas de México y otros países se han sumado, lo que refleja el gran interés por enfrentar esta problemática urgente.

Este diplomado demuestra que la UNACH no solo se limita a la formación académica, sino que comprende que la lucha contra la explotación infantil y la trata de personas requiere esfuerzos coordinados entre el sector académico, gubernamental y organizaciones internacionales como la OIT y UNICEF. En un estado como Chiapas, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en trabajo infantil, esta colaboración cobra aún más relevancia.

Visibilizar la crisis de la infancia no es solo un acto de denuncia, sino un paso necesario para construir soluciones. La UNACH tiene el compromiso de seguir abriendo espacios de discusión y presentando investigaciones que no se queden en el papel, sino que se conviertan en herramientas para un cambio real. La infancia no puede seguir siendo un tema secundario. Escuchar el silencio de las niñas, niños y adolescentes, entender sus miedos, ausencias y realidades, es el primer paso para transformar su futuro y garantizarles una vida digna.

TEXTO y FOTOS: María del Carmen Nucamendi Estrada